La LXIII Legislatura arrancó este miércoles la etapa informativa del foro estatal para realizar la consulta indígena en materia electoral, que tiene como objetivo que las comunidades originarias, puedan elegir representantes en los ayuntamientos de los municipios con población indígena.
Para esta etapa informativa asistieron los diputados morenistas Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, Gildardo Leyva Ortega como presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, Horacio Lora Oliva como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Francisca Abelló como presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, Alma Rosa Garzón como presidenta de la Comisión de Justicia, y Rosa Inés López Castro como presidenta de la Comisión de Vivienda.
Además atendieron el foro las legisladoras Cecilia Covarrubias González, Victoria Sánchez Peña y Flor Emilia Guerra Mena, así como el diputado Marco Antonio Zazueta.
Graciela Domínguez Nava fue la encargada de dar el mensaje de apertura en el foro que presentó una nutrida asistencia, y en su mensaje destacó que la LXIII Legislatura ratifica su vocación de hacer justicia a los pueblos originarios de México, así como respetar, fortalecer y ampliar tanto sus derechos fundamentales como una convivencia bajo un estado democrático de derecho.
“Esta convicción se ha fortalecido por virtud de la reforma, del 6 de junio de 2019, a la fracción VII, del Apartado A, del artículo 2 de la Constitución Federal, que ahora establece de manera clara el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables”, observó la líder de los morenistas.
Explicó que hasta ahora la representación indígena ha estado dividida en dos sistemas electorales: el del sistema normativo interno, más conocido como de usos y costumbres, y el de partidos políticos.
“El primer sistema opera en aquellos municipios con amplio predominio de población indígena, como es el caso de la gran mayoría de los municipios del estado de Oaxaca, donde el reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos inició con la reforma a la Constitución estatal de octubre de 1990”, abundó.
Explicó que Sinaloa, y la mayoría de las entidades federativas del país, guardan una composición pluriétnica muy distinta. El Catálogo oficial de pueblos y comunidades indígenas del estado de Sinaloa, por ejemplo, identifica 245 localidades con población mayoritariamente indígena en 10 de los municipios sinaloenses, y de acuerdo a datos del INEGI, la población indígena en Sinaloa es de poco más de 77 mil personas, lo que equivale a alrededor del tres por ciento de la población total.
“Esta proporción de ninguna manera debe ser obstáculo para que en Sinaloa, siga sin reconocerse la plena participación indígena en los ayuntamientos, pues se trata de un derecho fundamental reconocido nacional e internacionalmente”, argumentó.
“Aunque el Derecho Estatal Comparado mexicano en esta materia es árido, el tema es fascinante y esta Consulta Indígena Electoral, empezando por este Foro, tiene ante sí el arduo pero agradable reto de incorporar en la legislación sinaloense el derecho a la representación indígena ante los ayuntamientos del estado colocándola en armonía con la constitucionalidad federal”, aseguró Domínguez Nava.
“Para lograrlo se requiere de posturas abiertas y voluntades constructivas como las de las personas indígenas y de las y los integrantes y titulares de los poderes públicos del Estado de Sinaloa”, concluyó.
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