El diputado Marco César Almaral Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de morena, tomó tribuna este jueves y celebró la resolución tomada por el ministro Fernando Franco González Salas, quién negó la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos solicitada por el INEGI, por lo que los funcionarios de esta dependencia deberán mantener sus sueldos por debajo al asignado al Presidente de la República.
El morenista recordó que en su larga lucha por una auténtica democracia, el pueblo mexicano forzó la creación de un órgano autónomo encargado de la función de realizar elecciones limpias, equitativas y creíbles de las que emergieran gobiernos y representaciones legítimas.
"Lamentablemente la mayoría de quienes han integrado estos órganos no han asumido su autonomía respecto a gobernantes y poderes fácticos, como indicaba su respaldo teórico y la intención del legislador, sino para asignarse sueldos desproporcionados en un ambiente como el mexicano que destaca por la desigualdad social y salarial”, señaló el morenista.
Observó que varios años antes de asumir la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, atento a los reclamos de un pueblo mayoritariamente empobrecido por los gobiernos neoliberales, reclamó y propuso cambiar ese régimen de privilegios de la clase política gobernante.
“En congruencia, las nuevas mayorías parlamentarias conducidas por Morena impulsaron las iniciativas correspondientes para hacer realidad los cambios prometidos y anhelados por el pueblo mexicano, por lo que el 5 de noviembre de 2018 se publicó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recordó Almaral Rodríguez.
Este nuevo ordenamiento tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
Una de sus principales disposiciones era que ningún servidor público recibiría una remuneración o retribución mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“De inmediato empezaron las resistencias de los beneficiarios de los altos sueldos en el sector público, empezando por la propia Suprema Corte, que a través del Ministro que dio entrada a diversas acciones y controversias constitucionales contra la nueva Ley de Remuneraciones suspendió su entrada en vigor, contraviniendo el artículo 14 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución mexicana”, señaló el morenista.
“Así sucedió desde el 2018, y hasta abril de 2021, con el Ministro Pérez Dayán, quien se favoreció a sí mismo, al resto del pleno de la Corte, a consejeros del INE y otros funcionarios rebeldes ante la Ley Federal de Remuneraciones”, acusó.
Lamentó que en abril del presente año la Primera Sala de la Suprema Corte, en votación dividida de 3 a 2, confirmó la suspensión que prohíbe reducir el salario que perciben altos funcionarios del INE, la COFECE y Banco de México,
“Con esta resolución de la Corte, las y los consejeros del INE podrían seguir percibiendo los 263 mil pesos mensuales brutos, además de un seguro médico privado y otro de separación individualizada que cuesta unos 270 millones de pesos al año, con excepción de dos consejeros que aceptaron devolver la mitad de su sueldo a la Tesorería”, denunció Almaral Rodríguez.
“Aparte, cada uno de los 11 consejeros recibe una bolsa mensual de $722 mil pesos para asesores, mientras que a un Secretario de Estado apenas se le permite tener unos cuantos. Sólo el presidente del INE cuenta con 11 asesores, 5 de los cuales ganan más que el Presidente de México, agregó el morenista.
Explicó que además existen otros gastos millonarios más, como el presupuesto destinado a recursos materiales para mejorar el edificio central del INE, equivalente a todo el presupuesto de la FEPADE en 2018.
“Pero como las políticas públicas de austeridad y contra la corrupción van en serio en esta 4ta transformación, el Gobierno de México y el Congreso de la Unión han continuado sus esfuerzos porque se cumpla la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos y acabar con su régimen de privilegios. Por eso es que un mes después de la resolución de la Primera Sala de la Corte, apenas el 19 de mayo pasado, se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, explicó el morenista.
Observó que siguiendo el camino andado desde 2018, los mismos órganos autónomos, entre ellos el INE, acudieron de nuevo a la Corte en busca de inmunidad e impunidad para los dorados y privilegiados sueldos de sus altos funcionarios.
“Sin embargo, esta vez, con un renovado y fortalecido marco jurídico, ya no obtuvieron la misma respuesta. El ministro Fernando Franco González Salas negó la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos solicitada por el INEGI, por lo que los funcionarios de esta dependencia deberán mantener sus sueldos por debajo al asignado al Presidente de la República. De esta manera el Consejo General del INE ya no podrá pretextar falta de recursos para instalar una mayor cantidad de casillas en la Consulta Popular del 1ro de agosto para enjuiciar a los expresidentes de nuestro país”, concluyó Marco César Almaral.
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